Presentación trabajo final computacion
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viernes, 15 de julio de 2011
miércoles, 13 de julio de 2011
Hacinamiento
Según datos obtenidos en la Oficina de Estadísticas de la Dirección General Rehabilitación y Custodia, para el 05 de Marzo de 2.010, el Sistema Penitenciario nacional disponía de 14.939 cupos en su capacidad instalada, los cuales están distribuidos en 32 centros destinados al albergue tanto de imputados como de condenados, observándose con frecuencia en la mayoría de los centros que se encuentran ubicados sin ningún tipo de clasificación imputados y condenados tanto en los internados judiciales como en los establecimientos para cumplimiento de pena. Los altos índices de criminalidad llevaron a la población reclusa a un total para marzo de 2.010 de 19.592 internos, con un porcentaje de hacinamiento que oscila entre el 22 % y 25 % según apreciaciones de las autoridades penitenciarias, lo que se contradice con la capacidad instalada que para esa fecha se aproximaba a 14.939 cupos. Los datos arrojan una diferencia de 4.633 reclusos excedentes, que significan un porcentaje del 29 % de hacinamiento, con relación a la población total recluida en los establecimientos para esa fecha, sin analizar la diferencia real por cada cárcel entre el excedente de población y la supuesta capacidad instalada.
La situación se mantiene en condiciones muy similares durante el año 2.011. Para el mes de Enero de ese año, el sistema albergaba un total aproximado de 20.022 reos, evidenciándose los mismos niveles de hacinamiento con relación a la capacidad instalada, según los datos de la referida Oficina de Estadística.
Los índices de hacinamiento son mayores a los que estima la Oficina de Estadísticas; pues los parámetros para determinar la supuesta capacidad instalada corresponden al momento de creación, equipamiento y habilitación de cada reclusorio; pero no se ha considerado el grado de deterioro en que se encuentran en la actualidad para determinar tal capacidad.
CIDH le pone el dedo en la llaga a Chávez: las cárceles
Una delegación del Gobierno del presidente Hugo Chávez reprochó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que tenga el dedo puesto” sobre Venezuela, durante una audiencia sobre el estado de las cárceles en este país.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos denunciaron hoy ante la CIDH los altos índices de violencia y hacinamiento que registran las prisiones venezolanas, una acusación que la representación del Estado rebatió con críticas a la CIDH y a las ONGs.
La CIDH, organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebró hoy su última jornada de audiencias públicas en el marco de su 141º periodo de sesiones, que comenzó el pasado 21 de marzo y se prolongará hasta el próximo 1 de abril.
El agente del Estado venezolano, Germán Saltrón, alegó que las deficiencias del sistema penitenciario en el país son “estructurales y vienen de muy atrás”.
Además, Saltrón dijo que las cárceles venezolanas “no son de las peores” y alegó que lo que ocurre es que la CIDH “tiene el dedo puesto sobre Venezuela”.
El comisionado Paulo Sérgio Pinheiro rechazó esta acusación y con ironía manifestó que la CIDH “no establece competiciones para ver qué país esta peor o mejor en cada asunto”.
Según las asociaciones de derechos humanos que actuaron como peticionarias en la audiencia, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la mayoría de la población reclusa en Venezuela resulta herida o muere por armas de fuego.
Los muertos en las prisiones venezolanas aumentaron un 30% entre el 2009 y el 2010, pasando de 366 a 476, mientras que el número de heridos creció un 52%, hasta alcanzar los 967 el año pasado.
La CIDH determinó en su turno de preguntas y consideraciones que, aunque existen problemas en las cárceles en toda Latinoamérica, esto no exime a los Estados de tener políticas integrales en esta materia, algo que los comisionados “no ven que haya ocurrido” en Venezuela.
La situación de las cárceles ha centrado buena parte de la atención en este periodo de sesiones de la CIDH, con audiencias sobre el estado de las prisiones en Argentina, Ecuador, Guatemala y Venezuela.
Conoce a los “Pranes” del Rodeo II
"Yorvis López es procesado por secuestro, homicidio, robo agravado y lesiones graves, según expediente N° 2669 de la Sala 6° de la Corte de Apelaciones de Caracas." se enuncia en el blog "elparroquianoaldiasucesos".
El Ministerio Público solicitó enjuiciar a Yorvis Valentín en agosto del año 2007 por el delito de secuestro. Otros juicios (por robo agravado) le habían solicitado en los años 2003 y 2006 por parte de la Fiscalía 4° del Estado Bolívar.
Yoifre Francisco Ruíz Estanga tiene la causa N° 4C-2145-07 por el Tribunal 4° de Control Extensión Barlovento. Es acusado junto a dos sujetos más de homicidio calificado por motivos futiles ejecutado con alevosía contra Maryoris Sanz (18), quien fue asesinada el 22 de febrero de 2009.
El expediente reza: la víctima estaba conversando con su familia en la puerta de su casa, en Morón de Curiepe, Brion, cuando de repente hizo presencia “Yoifre” en compañía de su banda, desenfundaron sus armas de fuego accionándolas contra el grupo, causándole la muerte a la dama”. La mujer dejó una niña menor de edad huérfana.
La noche del sábado tanto el “Yiofre” y “Oriente” conversaron vía celular con el ministro de Interiores, Tareck El Aissami “no menos de 20 veces”. “Tienen un nivel de trastorno”, dijo El Aissami. En esas conversaciones el par de pranes le habrían dicho a El Aissami que ellos querían morir como “unos héroes”, dijeron otras fuentes.
Bajen las armas. Este año ha sido muy movido para “Yoifre” y “Oriente”. A finales de abril participaron del secuestro de 22 funcionarios del Rodeo II que finalmente fueron liberados el pasado 5 de mayo. Luego el domingo de este mes sobrevino una reyerta en Rodeo I donde murieron 21 privados de libertad y una persona que estaba de visita.
martes, 12 de julio de 2011
Crisis penitenciaria en Venezuela situación heredada de gobiernos anteriores
"El problema de la crisis carcelaria es una situación heredada de anteriores gestiones gubernamentales y es la causa del conflicto interno que se presenta en el centro penitenciario de El Rodeo, ubicado en el estado de Miranda, en la que un grupo de reos mantienen una posición de resistencia armada desde la semana pasada producto de la intervención de las autoridades competentes." Expresa la periodista venezolana Lucía Berbeo.
Ante el panorama se consultó a la doctora en estudios estratégicos para el desarrollo y experta en el tema carcelario en Venezuela, María González, quien efectuó un análisis sobre el problema penitenciario en el país.
- ¿Cómo ve la situación que se ha presentado en los últimos días en el centro penitenciario del Rodeo I y II de la ciudad capital?
-Es una situación delicada sobre todo desde el punto de vista humano, porque son seres, pese a los errores que hayan cometido, tanto quienes están internos en los centros penitenciarios, como los funcionarios que están tratado de retomar el control del penal. Es muy importante no perder de vista la génesis del problema, el asunto data de muchos años atrás, pero en los últimos meses se han presentado situaciones neurálgicas que hicieron necesaria e imperiosa la actuación de los organismos de seguridad para retomar el control del penal. No olvidemos que en este mismo lugar, secuestraron a un número importante de funcionarios administrativos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, que afortunadamente, tal situación terminó sin saldos que lamentar. Posteriormente, el fin de semana antepasado se produjo un motín en el penal, por parte de los mismos internos, donde resultaron fallecidos 21 privados de libertad y un visitante. Esto último fue lo que motivó la intervención en términos de control del penal, era necesario hacerlo, porque estaban en juego la vida de los internos del recinto. Las mafias enquistadas dentro de los penales que manejan drogas, armamentos, dinero y otros, no pueden tener más poder que el Estado para imponer la autoridad, o ya no lo pueden tener más, esa es una desviación que hay que corregir de manera prioritaria.
- ¿Cuáles considera que son los problemas estructurales que deben corregirse en el sistema penitenciario?
-Son muchos, este definitivamente es un problema multifactorial, está incluido el sistema penitenciario propiamente dicho, el sistema judicial, el Ministerio Público, inclusive el sistema de seguridad ciudadana. Es un asunto que no va a solventar un sólo ministerio, es un problema que se va a resolver sólo cuando se comiencen a sanear todos los elementos desviados y retardatarios que hacen que los internos pasen años en un recinto carcelario, esperando un juicio o una sentencia. Hay muchos privados de libertad que están internos cuando su causa ya ha prescrito, otros que por delitos menores pueden ser juzgados en libertad. Sin embargo, el problema trasciende más allá, debe hacerse un diagnóstico exhaustivo, determinarse cómo ingresan las armas, cómo ingresa la droga, sobre quién o quiénes recae la responsabilidad directa e indirecta de tales ingresos. Entre otras muchas preguntas que hay que hacerse sin temor a develar y castigar a quien haya que castigar.
- ¿Recientemente fue intervenido El Rodeo I y II, considera qué fue necesario está medida?
-Más que necesario era inminente la intervención, es más, fue una decisión que demoró mucho en tomarse y eso trajo como consecuencia que las mafias tomaran más poder y en consecuencia más control.
- ¿De dónde cree que los reos obtienen las armas, con esto se puede decir que existen mafias carcelarias que se han apoderado de los recintos penitenciario?
- Evidentemente las mafias en las cárceles existen y ese no es un tema nuevo, siempre han existido, así como hay los funcionarios corruptibles que permiten el ingreso de armas, las cuales deben llegar por algún lado, algún control violan para poder introducirlas en los centros penitenciarios, evidentemente, el primer punto de análisis que hay que considerar son los custodios penitenciarios y la Guardia Nacional que maneja el control de ingresos y egresos de las cárceles y ésto no quiere decir que sea todo el sistema, es decir, que sean todos los custodios penitenciarios ni todos los Guardias Nacionales, porque si hay una labor que hay que enaltecer es la de ellos por el grado de peligrosidad que reviste el trabajo que realizan, me refiero a las individualidades que en base al beneficio y lucro personal, permiten el acceso de armas y drogas a los centros penitenciarios. Hay dos tipos de pecados, por acción y por omisión, igual comete un delito el funcionario que ingresa drogas y armas a una cárcel como el que permite tal ingreso. Reitero que el diagnóstico que se realiza debe ser exhaustivo y estudiarse absolutamente todos los niveles, incluso los más altos, que el que deba ser castigado por un delito como éste sea castigado independientemente del nivel que detente dentro de una estructura jerárquica, cualquiera que ésta sea.
- Sectores que adversa al Gobierno han expresado que este problema se le escapó de las manos, pues alegan retardo procesal, hacinamiento. ¿Qué opina al respecto?
-Si el problema se hubiese escapado de las manos no hubiese internas pidiendo ayuda a las autoridades para ser rescatados del penal, si la situación no estuviese bajo el control del Gobierno fuese una batalla campal entre todos los internos en contra de las autoridades y no es eso lo que ha pasado. Fíjate que en estos días estaba viendo noticias sobre la situación de El Rodeo en la televisión y hubo una acción de un privado de libertad que me llamó mucho la atención y creo que responde perfectamente a tu pregunta. El interno fue rescatado junto a otros del interior del penal en una tanqueta, al bajar el interno al que te hago mención de la misma, se persignó, ese acto de fe, por parte de ese hombre evidenció que una vez en el lugar en el que se encontraba con las autoridades se sentía seguro, seguridad que no sentía estando bajo el control de las mafias internas del penal.
-¿Qué medidas inmediatas pudiera tomar el Ejecutivo para mejorar la seguridad en las cárceles?
-No creo que exista una sola medida con la cual se comience a sentir la diferencia entre el antes y el ahora, ni creo que eso ocurra de un día para otro. Serán un conjunto de medidas, legales, procesales, de vigilancia, de seguridad que harán la diferencia; sin embargo, lo importante es que el Gobierno decidió asumir el control de los penales como debe ser. Pienso que las acciones que se ejecutaron en El Rodeo I y II no deben quedar ahí, dichas medidas deben extenderse a todos los centros penitenciarios del país.
• La autora de este artículo, Lucía Berbeo, es licenciada en comunicación social, analista político en Venezuela y colaboradora SuramericaPress.
Situación Carcelaria (2011) Rodeo I y Rodeo II
Huelgas de hambre, automutilaciones, reyertas, homicidios, y secuestros de funcionarios han puesto en las últimas semanas a las prisiones en el primer plano de la actualidad en Venezuela, un país que a lo largo de los años se ha habituado a escuchar sólo malas noticias de cuanto ocurre en sus penitenciarías. Los reclusos de la cárcel de La Planta, un penal caraqueño con capacidad para 450 personas, pero poblado por 2.700 reos, retuvieron durante casi 24 horas a 15 funcionarios del penal, incluido el director, en protesta por el supuesto maltrato policial recibido por algunos presos en su desplazamiento a los juzgados.
El incidente se produjo dieciséis días después de que 22 funcionarios, entre ellos también el director, fueran secuestrados durante una semana por presos de la cárcel de El Rodeo II, a unos 40 kilómetros de la capital, que protestaban por un supuesto brote de tuberculosis.
“Estos hechos evidencian la falta de control por parte del Gobierno en las cárceles”, indicó a Efe el director de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.
Con siete advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno para que resuelva el problema en las cárceles, Prado considera que el Estado ha demostrado que es “ineficaz” para brindar los servicios mínimos en los centros de reclusión e incluso garantizar la vida en ellos.
Prado recordó que en 2010 murieron 476 reos y 958 resultaron heridos en las cárceles de Venezuela, que tienen una población reclusa oficial de 44.520 presos (46.888 según el OVP) y una capacidad para poco más de 14.500 en sus 34 centros de reclusión. La cifra contrasta con los 36 muertos de Brasil, país que tiene 486.000 reos; los 37 de México, con 250.000 presos, y los 16 de Colombia con 80.000.
Además, según datos del OVP, sólo el 28 por ciento de los presos cumplen condena firme. El Gobierno venezolano lanzó en 2006 un plan de mil millones de dólares para “humanizar” las cárceles del país y transformar el sistema penitenciario y ha lanzado varias iniciativas como las de orquestas en las prisiones, además de impulsar un nuevo código penitenciario en la Asamblea Nacional. “El problema es un problema de estructura que toca también la parte legislativa, toca una de serie aspectos que vamos encarando con toda la preocupación que existe en los poderes del Estado”, dijo en rueda de prensa la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales. La magistrada destacó que se trata de una atolladero de “vieja data” y que la solución “no es solamente la creación de más cárceles” porque aunque la insuficiencia de cárceles se refleja en “el hacinamiento”, ese “no es ese el problema fundamental”.
El coordinador de la organización Una Ventana a la Libertad, Carlos Alberto Nieto Palma, resume los problemas de las cárceles en retraso procesal, ocio en las cárceles, personal penitenciario no capacitado, violencia, y el hecho de que las prisiones se hayan convertido en “un gran negocio”. “Si el Estado se decide a controlar quiénes meten armas y drogas en las cárceles ahí podremos empezar por algo, al comprobar que hoy los presos no tienen armas artesanales sino granadas, fusiles FAL y pistolas de 9 milímetros.”
Otro problema importante es el de la falta de capacitación de los funcionarios, algo paradójico dado que Venezuela cuenta con un Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios desde 1992, pionero en la región. Sólo 23 de los 962 graduados de ese centro en estos años trabajan en las cárceles.
Con esa opinión coincide Prado, quien asegura que la entrega de la gestión de las cárceles a las gobernaciones de los estados venezolanos no admite más demoras.
Sistema Penitenciario
La razón de ser del Sistema Penitenciario debería responder, en principio, a la aplicación o ejecución de un programa enmarcado en una política criminal seria, objetiva y moderna, que facilite al Estado la aplicación de medidas de tipo preventivo y penal destinadas a llevar la criminalidad a límites tolerables. Esto permitiría evitar que los comportamientos considerados como antisociales, perturben el nivel y calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, garantizando así el mayor bienestar posible, lo que implica, la determinación de medidas extrajudiciales de corte preventivo, normativas y medidas penales que en definitiva respondan a una política social general.
Lo deseable sería, que la utilización de medidas penales por no ser las más adecuadas para reducir la delincuencia, se constituyeran en la última alternativa, y decididamente se abordaran las causas del delito en su origen; como lo es la problemática de la pobreza, el desempleo, el acceso a la educación, la vivienda, la salud, la recreación, la cultura, el deporte e inclusive el acceso a una Administración de Justicia oportuna; variables que influyen significativamente en la conformación del sistema de valores de las personas.
El liberalismo y hoy día la globalización aceleran el empobrecimiento de la mayoría en beneficio de pocos, y profundizan la limpieza de clase utilizando la cárcel como mero instrumento de exclusión. Se manifiesta claramente la sustitución de lo preventivo como principal acción para generar bienestar social, por lo represivo, donde se impone la intolerancia del Estado, el terror policial y el rigor penal frente a la pobreza, de lo cual no escapa la población desposeída de los países más ricos y avanzados.
Las medidas penales responden a la acción represiva del Estado frente al comportamiento tipificado como antisocial en la legislación penal. Se instrumentan a través de los órganos policiales y de investigación criminalística en principio, con la participación de la Fiscalía del Ministerio Público, los Jueces de Control, Juicio y Ejecución, para culminar con la intervención del Sistema Penitenciario, que en el caso venezolano debe atender imputados y condenados, representando éste sector el último eslabón de la cadena, pero el más hipertrofiado.
Asumiendo una visión positivista del asunto del delito, en su estudio, origen y formas de control, el Estado tiene la responsabilidad de facilitar los servicios penitenciarios que sirven de estructura para el control, el aislamiento y la ejecución de las penas, incluyéndose en el caso venezolano la atención a imputados y condenados.
Estos servicios suponen como fin principal el tratamiento, la reeducación, la rehabilitación y futura reinserción social, cuya eficacia y eficiencia dependen ciertamente de la inversión estatal, su organización, la infraestructura, los recursos humanos profesionales, el marco regulatorio de funcionamiento, y la planificación y ejecución del plan de acción enmarcado en la política penitenciaria nacional. El conocimiento de la situación requiere de la revisión en el pasado y el presente, de múltiples variables que pretende abordar este trabajo.
En enero de 2.002, la Dra. Gloria Lizcano, médico voluntaria durante varios años, ex directora del Internado Judicial de Falcón y del Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF, actualmente Directora del Anexo Femenino de la Cárcel Nacional de Maracaibo, afirmó:
“Venezuela vive hoy la más severa crisis que en el orden Social, Ético, Político y Moral que se recuerda en la era democrática. En el sector penitenciario es donde más repercute negativamente ésta crisis, toda vez que históricamente el presupuesto para el área ha sido deficitario y últimamente, con el recorte presupuestario, las posibilidades de atender a éste sector de la población que ha perdido su Libertad pero no sus derechos fundamentales, son casi nulas por no decir ausentes.
Cuando la Constitución consideró la gama de Derechos Sociales de los cuales disfrutarían todos los habitantes de la República, no hizo discriminación alguna, por el contrario prohibió hacerlas en función del Credo, Raza, Sexo ó Condición Social. De eso se desprende que las personas detenidas tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano, al trabajo, a la educación, entre otros. De allí que al no existir restricción en la Ley para los reclusos, debe prestárseles una Asistencia Integral completa para así poder soportar los rigores de la Prisión?"
Estas apreciaciones, hechas por actores directos en la Administración de Justicia y operarios del Sistema Penitenciario, llevan a la reflexión sobre la crisis que vive el sector y remiten a la necesidad de atenderle adecuadamente en tiempo perentorio.
lunes, 11 de julio de 2011
Situación Procesal
- Retardo procesal.
- Diferimientos y suspensiones de audiencias por causa ajena a la población reclusa: falta de una buena gerencia penitenciaria, imposibilidad de efectuar los traslados a los tribunales por falta de medio de transporte, por falta de combustible, por falta de las herramientas de seguridad (no hay esposas) o por no existir personal de custodia disponible.
- Existen casos de reclusos que tienen más de dos años privados de libertad, sin que se haya dictado sentencia condenatoria definitivamente firme.
Situación Sanitaria
- Infraestructura penitenciaria deteriorada e insuficiente.
- Deficiente mantenimiento: filtraciones de aguas negras, alcantarillado obstruido, deficiente ventilación.
- Servicios sanitarios en condiciones infrahumanas.
- Ausencia de agua potable.
- Contaminación ambiental.
- Graves condiciones sanitarias.
- Deficiente atención medica: carencia de insumos médicos, personalinsuficiente y no permanente, retrasos para los traslados a centros de salud.
El Problema
Los recintos penitenciarios de Venezuela carecen de elementos esenciales para el funcionamiento. La asignación presupuestaria es inadecuada con el grado de las necesidades. Retardo procesal, diferimientos y suspensiones de audiencias por causa ajena a la población reclusa. Las instalaciones de reclusión se encuentran profundamente deterioradas, y el hacinamiento supera la capacidad de las instalaciones. La capacitación de los recursos humanos, la supervisión y el control son sumamente deficitarios, son algunos de los muchos problemas que enfrentan los circuitos penitenciarios de Venezuela desde hace más de cuatro décadas.
Puede erróneamente llegarse a pensarse que esta situación que cada día se hace más palpable, pueda resultar de la circundante realidad que ha condicionado nuestro presente, pues sin necesidad de hacerse más evidente ha existido una persistente falta que a nivel social nos ha debilitado y que progresivamente se ha abierto paso hacia conceptos que a simple vista perecerían distantes a la afectación del sistema penitenciario, pero que pudiese ser la génesis y a su vez el cauce de ésta problemática. La Cultura.
Ante todo debe considerarse que las deficiencias no solo son sustanciales, pues existe en mayor grado una enorme falla estructural que no se compensa ni va acorde con las políticas que han pretendido ser implementadas. Mal podría concebirse un sistema en donde la necesaria cohesión y funcionamiento de cada uno de los elementos en aras del logro de un fin común es inexistente. El común burocrático no puede significar la constitución de un sistema pues el fin estaría desvirtuándose hacia la satisfacción individual de cada uno de los componentes y no en la satisfacción del proceso. Por esto, al ubicarnos en la situación abstracta de nuestro sistema penitenciario, es menester entonces atender al otro elemento vital que se presenta para la subsistencia de éste, porque si es el fin el que justifica los medios, valdría la pena preguntarse en el caso venezolano, ¿cuál es el fin que sustenta la existencia un órgano de tan confusa naturaleza? En principio la respuesta la hallaríamos sin dificultad si atendemos al sentido nominal que se le ha otorgado o que recae en lo que conocemos como la Dirección de Rehabilitación y Custodia del Ministerio del Interior y Justicia, pero como hemos visto estaría siendo vago cualquier análisis si pretende sentar sus bases en esta tesis que toma literalmente, algo que no guarda correspondencia con los resultados vistos en la práctica. Por consiguiente no es tarea fácil encontrar una respuesta a tal interrogante debido a la subjetividad con la cual se presentan las intenciones del Estado y específicamente las que han recreado los operadores de justicia. Si en el ámbito sustancial, las múltiples problemáticas que presenta la situación penitenciaria en el país decidieran integrarse, seguramente conformarían las mismas dificultades que presenta el Estado Venezolano en menor escala y gradación, pues estableciendo una arriesgada comparación, de hacinamiento todos hemos oído en algún momento, aunque esto obedezca a otro conjunto de factores y causales que no corresponde estudiarlos ahora. Igual sucedería con las altas cifras que a muertes violentas incumben y que inundan en las reseñas de los medios de comunicación (conociéndose sólo aquellos que sugieren un impacto social y desconociéndose aquellos que para las autoridades no deben ni siquiera sugerirlo). Todo esto, cabe recordar, en un contexto en donde el ingreso nacional parece lucir despreocupado ante las adversas condiciones infrahumanas que persisten en dichos recintos y que inexorablemente inspira, sin la imperiosa necesidad de palpar sus cimientos, la más profunda desconfianza en la diligencia que necesariamente debe atribuirse al Estado.
Las justificaciones que intenten explicar la difícil situación penitenciaria pudiesen ser innumerables, tanto para las autoridades que pretenden sostener cada día con mayor dificultad este sistema, como para aquellos que con igual dificultad buscamos entenderlo. La situación penitenciaria en Venezuela es el ejemplo fiel de la incompetencia y poca seriedad que impera a nivel procesal y la alta desestimación que opera en la aplicación efectiva de las normas que regulan la potestad punitiva que ejerce el Estado. Las cárceles perfectamente pueden convertirse en el reflejo de un Estado que regenera a los sujetos de conducta engañosa y que los prepara para su reinserción en la sociedad, o mal perfeccionarse como una especie de máquina procesadora que solo desecha a individuos que no por su conducta se les desprende su condición humana. Tal reflexión nos hace llevar consigo la misma incertidumbre que puede cargar al procesado durante la difícil estancia de espera que da paso a su definitiva condena.
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