Huelgas de hambre, automutilaciones, reyertas, homicidios, y secuestros de funcionarios han puesto en las últimas semanas a las prisiones en el primer plano de la actualidad en Venezuela, un país que a lo largo de los años se ha habituado a escuchar sólo malas noticias de cuanto ocurre en sus penitenciarías. Los reclusos de la cárcel de La Planta, un penal caraqueño con capacidad para 450 personas, pero poblado por 2.700 reos, retuvieron durante casi 24 horas a 15 funcionarios del penal, incluido el director, en protesta por el supuesto maltrato policial recibido por algunos presos en su desplazamiento a los juzgados.
El incidente se produjo dieciséis días después de que 22 funcionarios, entre ellos también el director, fueran secuestrados durante una semana por presos de la cárcel de El Rodeo II, a unos 40 kilómetros de la capital, que protestaban por un supuesto brote de tuberculosis.
“Estos hechos evidencian la falta de control por parte del Gobierno en las cárceles”, indicó a Efe el director de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.
Con siete advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno para que resuelva el problema en las cárceles, Prado considera que el Estado ha demostrado que es “ineficaz” para brindar los servicios mínimos en los centros de reclusión e incluso garantizar la vida en ellos.
Prado recordó que en 2010 murieron 476 reos y 958 resultaron heridos en las cárceles de Venezuela, que tienen una población reclusa oficial de 44.520 presos (46.888 según el OVP) y una capacidad para poco más de 14.500 en sus 34 centros de reclusión. La cifra contrasta con los 36 muertos de Brasil, país que tiene 486.000 reos; los 37 de México, con 250.000 presos, y los 16 de Colombia con 80.000.
Además, según datos del OVP, sólo el 28 por ciento de los presos cumplen condena firme. El Gobierno venezolano lanzó en 2006 un plan de mil millones de dólares para “humanizar” las cárceles del país y transformar el sistema penitenciario y ha lanzado varias iniciativas como las de orquestas en las prisiones, además de impulsar un nuevo código penitenciario en la Asamblea Nacional. “El problema es un problema de estructura que toca también la parte legislativa, toca una de serie aspectos que vamos encarando con toda la preocupación que existe en los poderes del Estado”, dijo en rueda de prensa la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales. La magistrada destacó que se trata de una atolladero de “vieja data” y que la solución “no es solamente la creación de más cárceles” porque aunque la insuficiencia de cárceles se refleja en “el hacinamiento”, ese “no es ese el problema fundamental”.
El coordinador de la organización Una Ventana a la Libertad, Carlos Alberto Nieto Palma, resume los problemas de las cárceles en retraso procesal, ocio en las cárceles, personal penitenciario no capacitado, violencia, y el hecho de que las prisiones se hayan convertido en “un gran negocio”. “Si el Estado se decide a controlar quiénes meten armas y drogas en las cárceles ahí podremos empezar por algo, al comprobar que hoy los presos no tienen armas artesanales sino granadas, fusiles FAL y pistolas de 9 milímetros.”
Otro problema importante es el de la falta de capacitación de los funcionarios, algo paradójico dado que Venezuela cuenta con un Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios desde 1992, pionero en la región. Sólo 23 de los 962 graduados de ese centro en estos años trabajan en las cárceles.
Con esa opinión coincide Prado, quien asegura que la entrega de la gestión de las cárceles a las gobernaciones de los estados venezolanos no admite más demoras.
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